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La Agencia de Protección de Datos sanciona al Ayuntamiento de Cijuela
www.elmundo.es, enviado el 11/01/2010

La Agencia Española de Protección de Datos ha dictado procedimiento contra el Ayuntamiento del municipio granadino de Cijuela por considerar que éste cometió una falta grave y otra leve por mantener expuestos en la web del Consistorio durante siete meses los números de móvil de veinte vecinos de la localidad, que habían entregado dicho dato para apuntarse a unos cursos de formación para parados.

Los hechos fueron denunciados en abril de 2009 por el grupo municipal de IU, el cuál apuntó al concejal de Formación y Empleo, el socialista Samuel Peña, ya que era en el apartado dedicado a su departamento dónde se encontraban expuestos la veintena de teléfonos, a pesar de que «los datos habían dejado de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recabados», según consta en el escrito presentado por la Agencia.

Por su parte, ésta intervino solicitando información al Consistorio, el cual respondió con los escritos en los que los ciudadanos accedían a ceder dichos números a disposición de la institución para matricularse en el cursillo de formación.

Desprotección de datos personales

Aún así, la Agencia consideró que no estaba garantizando los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas que los cedieron, especialmente su honor e intimidad personal y familiar, según establece la Ley de Protección de Datos.

Ahora se ha dictado un acuerdo de inicio de procedimiento de declaración de infracción al Ayuntamiento de Cijuela, al entender que ha existido incumplimiento del deber del secreto profesional de la protección de unos datos de carácter personal y un mal uso de una información privilegiada y reservada que debía haber sido custodiada según establece la ley, por parte del responsable del registro, en éste caso el Concejal delegado de empleo Samuel peña.

Desde el grupo municipal de Izquierda Unida denuncian, además, la «paradoja» de que durante el mismo periodo de tiempo se solicitó al Ayuntamiento cijueleño hasta en diez ocasiones las facturas telefónicas del mismo, que en los idénticos siete meses habían alcanzado una factura de 18.000 euros que los portavoces de la coalición consideraron «inusual» para un pueblo que apenas llega a los 3.000 habitantes. Las facturas fueron negadas por considerarse información confidencial, pese a pertenecer a teléfonos «públicos», hecho que resulta «llamativo» a los concejales.

La oposición cijueleña –tres concejales de IU y uno del PP frente a siete socialistas– ya ha expresado su deseo de que «cuando finalmente llegue la sanción» esta vaya destinada al concejal de Formación y Empleo y no «a las arcas del Ayuntamiento, porque entonces será un castigo que pagarán los mismos ciudadanos perjudicados y el resto del municipio» y no «la persona responsable de la infracción».

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