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El Tribunal Supremo anula el art. 10.2.b) del Reglamento LOPD
, enviado el 15/02/2012

Mediante sentencia de 15 de julio de 2010, el Tribunal Supremo decretó lo siguiente:

Anular, por su disconformidad a derecho, los artículos 11, 18, 38. 2, y 123.2 del Reglamento LOPD, así como la frase del artículo 38.1ª) que dice así: “… y al respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero“.
Plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas (TJCE) sobre el artículo 7.f), de la Directiva 95/46 de protección de datos y su compatibilidad con el artículo 10.2.a) y b) del mencionado Reglamento LOPD. Como respuesta a la cuestión prejudicial, el TJCE resolvió, mediante sentencia de 24 de noviembre de 2011 (ver PDF), lo siguiente:
Que el artículo 7 de la Directiva 95/46 establece una lista taxativa de los casos en que un tratamiento de datos personales puede considerarse lícito. A saber: (i) que ese tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos; y (ii) que no prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado.
Que el artículo 7.f) tiene efecto directo, por lo que puede ser invocado por un particular y aplicado por la jurisdicción española competente.

En base a lo anterior, el legislador español se ha excedido al exigir el requisito de que los datos objeto de tratamiento figuren en fuentes accesibles al público (art. 10.2.b del Reglamento LOPD), por lo que el Tribunal Supremo procede a su anualacion anularlo, por disconforme a derecho. Y ello mediante STS de 14 de febrero de 2012 (ver PDF).

Como conclusión a lo anterior, en adelante será legítimo el tratamiento de datos de terceros siempre que: (i) exista el consentimiento de los interesados; o (ii) un interés legítimo de la entidad que los trate o del tercero o terceros a los que se cedan, siempre que no se vulneren, en cada caso concreto, los derechos y libertades de los titulares de los datos.

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